Vox inicia acciones legales contra la Generalitat por destinar 10 millones « para ayudar a los golpistas »
Presentar un recurso ante el Constitucional, una querella en el Tribunal Superior de Catalua por prevaricacin y malversacin e instar a la fiscala del Tribunal de Cuentas a actuar, entre otros, contra Aragons
Vox tiene claro su nuevo itinerario judicial para hacer frente al ltimo movimiento de la Generalitat respecto a la creacin del fondo de 10 millones de euros para avalar el pago de los condenados por el procs de las fianzas al Tribunal de Cuentas.
En concreto, la formacin liderada por Santiago Abascal va a presentar n recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creacin del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalua, segn explican desde sus servicios jurdicos.
Adems, ultima una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalua contra el Gobierno cataln precisamente por la creacin del fondo de diez millones de euros para que los encausados por los gastos internacionales del proceso separatista no tengan que pagar las fianzas de 5,4 millones que les exige el Tribunal de Cuentas. Los delitos por los que se presenta la querella son prevaricacin, y malversacin.
El equipo jurdico de Vox tambin denunciar a la Fiscala del Tribunal de Cuentas estos hechos « a fin de que adopten las medidas oportunas contra el presidente del Gobierno cataln, Pere Aragons, el consejero de Economa y Hacienda, Jaume Gir, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagr« .
La vicesecretaria Jurdica de la formacin, Marta Castro, advierte que el delito de prevaricacin « no sanciona la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad ». « Existe intencionalidad clara de tratar de beneficiar a los miembros condenados por el Tribunal de Cuentas, cuando no pueden tener cobertura ni apoyo de la Generalitat puesto que la actividad de la que dimana el embargo y la causa de la solicitud de fianza es el ejercicio arbitrario y abuso de poder de los mismos », explica.
Castro destaca que « si existe el procedimiento en el Tribunal de Cuentas es porque la actuacin de los funcionarios y cargos pblicos fue ilegal y deben reintegrar al erario lo que emplearon para un fin ilcito y contrario a derecho ».
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