La Generalitat se inventa un fondo de 10 millones para pagar las multas del Tribunal de Cuentas
El Govern defiende que todas las actuaciones que investiga el tribunal atentan contra el libre ejercicio del cargo pblico
El Gobierno de la Generalitat cree haber encontrado la frmula para avalar los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige a 34 ex altos cargos catalanes por la promocin exterior, entre el ao 2011 y la del 2017, del referndum ilegal del 1-O, y sortear posibles sanciones. El Ejecutivo presidido por Pere Aragons har, pues, frente a los pagos exigidos a travs de un « fondo complementario de riesgos », aprobado hoy con urgencia mediante un decreto ley, que pretende cubrir los elementos de « indefensin » que afectan a altos cargos y trabajadores pblicos catalanes que no estn avalados con los actuales seguros que tiene contratados la Generalitat.
Esta ayuda diseada a medida, cuando el plazo para la liquidacin de los pagos termina el 29 de julio, intenta blindarse ante las advertencias del Tribunal de Cuentas al presidente de la Generalitat, Pere Aragons, de que si finalmente ofrece un aval pblico a los embargados por el procs estara cometiendo un « fraude de ley ». El Govern no ha aclarado de qu partidas pblicas saldrn los diez millones del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT), como tampoco ha dicho cul es la entidad financiera privada con la que estn negociando en estos momentos para que, con el fondo creado hoy como garanta, avale el dinero de la fianza. Con esta maniobra, la Generalitat no avalara directamente el pago y por lo tanto entiende que se blinda frente a las advertencias que ha hecho el Tribunal de Cuentas.
« Ningn servidor publico debe verse perjudicado por el ejercicio de sus funciones », ha sealado en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Laura Vilagr. « Se llama democracia y este fondo ofrece una proteccin de nuestros trabajadores », ha insistido. Por su parte, el consejero de Economa, Jaume Gir, ha destacado la « solidez jurdica » de una medida sin precedentes, y que ser el Instituto Cataln de Finanzas (ICF) el que gestionar este fondo, que nace con una cantidad inicial de 10 millones de euros, hasta que el Govern no cree un rgano gestor especfico de este fondo.
« No hay desplazamiento patrimonial de la Generalitat, no hay malversacin de dinero pblico, lo que hacemos es bloquear un dinero para un aval. No le damos dinero a nadie porque en el momento en el que haya una sentencia firme en contra y cuando haya agotado todas las instancias judiciales, este deber ser devuelto por los condenados con intereses », ha asegurado Gir, quien ha desvinculado este decreto de la « caja de solidaridad » que han puesto en marcha las entidades independentistas ANC y mnium Cultural para ayudar econmicamente a los 34 altos.
Otra cuestin que el responsable de la economa catalana no ha podido o querido aclarar en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu es de qu partida pblica la Generalitat desviar los diez millones de euros para el fondo. « Saldrn del presupuesto de la Generalitat en vigor », ha afirmando Gir, quien ha insistido en dejar claro que el Gobierno cataln no dejar de ostentar la titularidad del dinero « hasta el ltimo momento ».
El ejecutivo separatista argumenta la creacin de este fondo de socorro en base al « principio de indemnidad » del funcionario pblico, segn el cual, « todos los funcionarios tienen derecho a una tutela y a un apoyo » por parte de su administracin cuando se les acusa de un delito en cumplimiento de sus funciones. Asimismo, sostiene que todas las actuaciones investigadas por el Tribunal de Cuentas forman parte del ejercicio del cargo pblico, las competencias recogidas en el Estatut y la libertad de expresin. « Slo estamos asegurando la presuncin de inocencia », ha reiterado Gir.
Conforme a los criterios de
