El Tribunal de Cuentas ordena a los independentistas que depositen 5,42 millones bajo pena de embargo
Comunica a 40 ex altos cargos de la Generalitat que desviaron 5,15 millones de fondos pblicos ilegalmente en la red exterior catalana y deben pagar intereses
El Tribunal de Cuentas ha ordenado a cerca de 40 ex altos cargos independentistas depositar 5,42 millones bajo pena de embargo. Segn ha podido saber este diario, la delegada instructora del organismo fiscalizador, Esperanza Garca, ha notificado a los representantes de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas o Ral Romeva, entre otros, que deben reunir ese dinero para depurar su responsabilidad contable por los fondos ilegalmente utilizados en la red exterior de la Generalitat durante el perodo 2011-2017.
Se trata de la mayor factura impuesta hasta ahora por el Tribunal de Cuentas a los independentistas. El supremo rgano fiscalizador del Estado ya reclam a Artur Mas y sus colaboradores que devolvieran 5,2 millones por la consulta ilegal del 9-N de 2014. Y, el pasado ao reclam otros 4,1 millones a Puigdemont y su equipo por el referndum ilegal del 1-O de 2017.
En el acto de hoy, se entrega a los presuntos responsables la llamada Acta de Liquidacin Provisional como resultado de la instruccin. Y la conclusin, segn fuentes de la institucin, es que desviaron 5,15 millones a los que hay que aadir cerca de 300.000 euros de intereses. Aunque los expresidentes Artur Mas(2,8 millones) Carles Puigdemont o el ex vicepresidente Oriol Junqueras (casi dos millones cada uno) reciben las mayores notificaciones, la responsabilidad es solidaria y entre todos deben asegurar, en funcin de sus perodos en el cargo, los 5,42 millones, en concreto 5.422.879,48 euros. Tambin destacan los que tuvieron responsabilidad sobre Hacienda. Por eso, adems de Junqueras, el Tribunal ha pedido al que fuera conseller del ramo, Andreu Mas-Colell, que deposite ms de 2,8 millones.
El que fuera secretario general de Diplocat, Albert Royo, recibe la notificacin ms dura (3,6 millones) y se ve arrastrada tambin con ms de 3 millones, la que fuera interventora general de la Generalitat, Mireia Vidal, que fue destituida por Junqueras por poner obstculos a sus iniciativas.
Durante el acto, los presuntos responsables pueden realizar las alegaciones que estimen convenientes en defensa de sus derechos. El siguiente paso ser el enjuiciamiento del caso y la decisin final de si deben devolver el dinero o si se archiva al no hallarse responsabilidad contable. De momento, en la instruccin se analizan hasta 24 grandes bloques de indicios de desvo de fondos para fines soberanistas o por saqueo mediante pagos sin justificar.
El terico beneficiario de la devolucin del dinero es la Generalitat de Catalua, pero su portavoz ha dado a entender este martes que esta institucin no quiere el dinero. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha pedido apoyo al Gobierno central: « Esperamos que, adems de tomar nota, trabaje en una solucin ». En todo caso ha garantizado que la Generalitat har una « oposicin frontal » a este caso del Tribunal de Cuentas, que cree que hace referencia a unos delitos inexistentes y que forma parte de una ola represiva del independentismo, segn informa Europa Press.
Puigdemont: « Franquismo de fondo y forma »
Carles Puigdemont ha arremetido contra el Tribunal de Cuentas tras conocer su informe sobre los gastos del 1-O en el exterior: « Es franquismo de fondo y forma ».
El ex presidente de la Generalitat ha calificado en Twitter al tribunal de « inquisicin espaola » y ha lamentado que su abogado slo tenga tres horas para leer « 504 pginas » y diez minutos para hacer alegaciones, « independientemente del nmero de persones a las que defienda ».
El Tribunal de Cuentas reclama ms de cinco millones de euros a los lderes del « procs », ms de una veintena de ex altos cargos de Catalua, por los gastos derivados de la promocin exterior del referndum del 1 de octubre de 2017 con dinero pblico.
El PDeCAT considera « absolutamente atpica e irregular » la causa abierta por el Tribunal de Cuentas sobre el conocido como ‘Diplocat’ y cree que el Gobierno, como apunt la ministra de Igualdad, Irene Montero, debera hacer algo al respecto. « El Gobierno sabe lo que tiene que hacer », ha dicho el portavoz de esta formacin en el Congreso, Ferran Bel, quien tambin ha exigido la renovacin inmediata de este rgano, cuyo mandato caduca en julio.
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