El juez enva a juicio al ex ministro Fernndez Daz y su cpula de Interior por el espionaje a Brcenas en la operacin Kitchen
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garca Castelln ha propuesto juzgar al ex ministro del Interior Jorge Fernndez Daz y a la ex cpula del Ministerio con el PP por la operacin Kitchen, el operativo policial para robar al ex tesorero del PP Luis Brcenas material relacionado con la investigacin del caso Grtel que poda perjudicar al PP.
El auto dictado este jueves considera que ese operativo habra supuesto la comisin de media docena de delitos: descubrimiento y revelacin de secretos, prevaricacin, omisin del deber de perseguir los delitos, cohecho, trfico de influencias y malversacin.
Adems de al ex ministro, el juez enva a juicio al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martnez, al ex Director Adjunto Operativo de la Polica Eugenio Pino, a los responsables policiales Jos Luis Olivera, Marcelino Martn Blas, Jos Angel Fuentes Gago, Enrique Garca Castao, Bonifacio Dez Sevillano, Andrs Manuel Gmez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tndem, Jos Manuel Villarejo, as como al ex chfer de Brcenas Sergio Ros Esgueva.
El juez instructor da por finalizada la investigacin y reclama a la Fiscala y el resto de acusaciones que presenten sus escritos precisando los delitos y penas que reclaman. Esos escritos supondrn la celebracin del juicio. La nica va que les queda a los afectados para evitar el banquillo es que el tribunal que revisa las decisiones del juez estime los recursos que presenten contra la decisin del instructor de llevar el caso a juico. Tambin cabe la posibilidad de que las acusaciones recurran para prolongar la investigacin con las diligencias que les han sido denegadas, algo que dilatara el juicio pero no lo frenara.
A diferencia de lo ocurrido con la cpula de interior, el juez archiva la causa por falta de indicios para la ex secretaria general del PP Mara Dolores de Cospedal; su marido, el empresario Ignacio Lpez del Hierro; su jefe de Gabinete, Jos Luis Ortiz, as como para Enrique Olivares. En el auto, de 81 pginas, el juez afirma que « debe descartarse la existencia de una trama poltica » en el PP ajena a la del Ministerio del Interior.
Cospedal reconoci haber mantenido reuniones con Villarejo, pero neg que en ellas le hiciera « encargo alguno ». Se reuni con el comisario « por las relaciones que este tena con los medios de comunicacin ». El juez no encuentra indicios de una tesis diferente y resalta que las meras reuniones no son delictivas.
Tampoco detecta indicios de que Cospedal hiciera llegar fondos a Villarejo: « Por lo que se refiere a los famosos pagos, no consta acreditado que se efectuara entrega de dinero alguno por nadie del entorno de la Sra. Cospedal, ni por el Sr. Lpez del Hierro al Sr. Villarejo; ni en el contexto de los hechos investigados en esta pieza ni en ningn otro ».
Sobre Cospedal penda tambin la posibilidad de que hubiera sido ella quien maniobrara para que el chfer accediera a colaborar. No hay indicios de ello ms all de referencias en anotaciones de Villarejo « que no han logrado corroborarse con indicios slidos ».
Al decretar el archivo respecto a Cospedal, el juez resalta que, a diferencia de los que ocurre con los responsables de Interior, respecto de los que existe « una slida base » para llevarlos a juicio, en el caso de la ex secretaria general del PP, su marido y su jefe de Gabinete « resulta llamativa la debilidad » de las razones que justifican su incriminacin.
La imputacin a Cospedal y Lpez del Hierro de una « participacin intelectual » no deja de ser, argumenta el juez, « resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones ».
El operativo
El juez relata que entre 2012 y 2013 los investigados se pusieron de acuerdo para activar el operativo en torno a Brcenas. « Jorge Fernndez Daz, ministro del Interior y mximo responsable poltico de este departamento, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, inst a Francisco Martnez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misin encaminada a la obtencin de informacin y documentacin que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Brcenas Gutirrez ».
El objetivo era « sustraer dicho material de la autoridad judicial » en la investigacin que se llevaba a cabo en la investigacin sobre los papeles de Brcenas, una rama del caso Grtel.
Francisco Martnez, prosigue el juez, « asumi la coordinacin de la operacin », cuya planificacin y desarrollo encomend al Director Adjunto Operativo. Eugenio Pino, a su vez, traslad el encargo a Jos Manuel Villarejo, que para su ejecucin se sirvi en un primer momento de Marcelino Martn Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos. Posteriormente recurri a otro comisario, Enrique Garca Castao, responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao). Este « asumi personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misin, sirvindose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad ».
La operacin consisti en « captar a un colaborador, cercano a la familia Brcenas », capaz de facilitar la informacin y el acceso a la documentacin que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Javier Ros Esgueva quien desde principios de febrero de 2013 era el chfer del matrimonio Brcenas, y persona de mxima confianza del entorno familiar. Dentro de la operacin se conoca al chfer como cocinero, K2 o Kitchen, de ah el nombre de la operacin.
El DAO encomend a Villarejo y Garca Castao que se ganaran la confianza y colaboracin del chfer a cambio de 2.000 euros mensuales, ms gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Polica. Para acceder al chfer, los dos comisarios se valieron de un inspector jefe, Andrs Gmez Gordo.
Extorsin
La resolucin indica que las actuaciones practicadas han permitido constatar que, « sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro, y las motivaciones que pudiera tener este », la pretensin de Villarejo y Garca Castao « sera realmente la de incautar y mantener dicha documentacin en su poder, sin entregrselo a sus superiores, para poder obtener algn tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos pblicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cpula policial y la impunidad en las actividades ilcitas que, presuntamente, venan desarrollando de forma paralela ».
La operacin tuvo xito y Garca Castao se hizo con ella en octubre del ao 2013. Segn el juez, el imputado la tiene an en su poder. Villarejo habra reclamado « insistentemente » una copia con el conocimiento del DAO.
Para obtener esta informacin, los investigados accedieron sin autorizacin judicial al taller de restauracin de Rosala Iglesias, al que se referan como « el zulo ». El material se encontraba en un armario con un doble fondo.
El juez explica « las disfunciones e irregularidades en la gestin y en control » de los fondos reservados habran permitido su utilizacin ilcita, propiciando « tanto la financiacin » de la operacin policial ilegal « como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales ». El juez apunta a Francisco Martnez como la persona que habra autorizado que se pagara al chfer con fondos reservados.
El instructor rechaza la peticin de prrroga de la investigacin solicitada por las acusaciones y la prctica de nuevas diligencias. Respecto a las pedidas por Anticorrupcin, el magistrado recuerda que la ley no admite investigaciones prospectivas. « La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario », dice Garca-Castelln.
Reproches a la Fiscala
El juez reprocha al Ministerio Pblico que haya pedido nuevas diligencias para comprobar la tesis de Villarejo de que informaba de la operacin a Mariano Rajoy mediante mensajes a telfonos que se la haban indicado. « Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el Sr. Villarejo tuviera comunicacin directa con ningn presidente o primer ministro », dice el auto, que considera que la pretensin « se interesa en el ms absoluto vaco indiciario ».
« Llama la atencin que el fiscal no haya observado que el telfono […] aparece referido en este procedimiento porque lo aporta el propio investigado Sr. Villarejo; es este el nico que habla de este telfono, del que no hay rastro alguno en la causa ».
« Desde la experiencia de ms de cuarenta aos de ejercicio profesional de este instructor », prosigue Garca-Castelln tras indicar que no hay rastro alguno de esos contactos ms all de la reciente declaracin de Villarejo, « no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atencin meditica, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos histricos o acontecimientos, en un afn desmedido por ganar notoriedad y repercusin, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal estn por encima de este tipo de frivolidades ».
Aade que la Fiscala est en su derecho de pedir ms diligencias referidas a algn nmero de telfono de « vinculado con cualquier otra institucin, organismo, club, comunidad, grupo, conjunto o sociedad, buscando partcipes y cmplices all donde le apunte el investigado Sr. Villarejo ».
« Ms preocupante », concluye, « es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres aos despus de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza. Es precisamente en estos casos cuando ms necesaria se hace la valoracin sosegada del Magistrado, que no atiende a ningn inters de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante, de aquello que ni aporta ni aade ».
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