El Consejo de Garantas avala el uso « excepcional » de fondos pblicos para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas
Recomienda modificar el redactado del decreto de la Generalitat para apuntalar la participacin del ICF como avalista de los lderes separatistas
El Consejo de Garantas Estatutarias ha avalado el decreto de la Generalitat por el que cre el fondo de 10 millones para cubrir a travs del Instituto Cataln de Finanzas (ICF) las fianzas de los lderes independentistas acusados de malversacin. No obstante, advierte que este mecanismo debe ser excepcional y muy limitado en el tiempo y recomienda modificar el redactado de la norma para sustentar la implicacin delICF en la maniobra del Govern.
Tras recibir el visto bueno del organismo-adoptado por unanimidad-, el Parlament validar esta misma tarde el decreto de la Generalitat y, previsiblemente, con los votos a favor del independentismo y la abstencin del PSC y de los comunes, que haban adelantado que no se opondran al ardid del Govern si el rgano consultivo consideraba que se ajustaba al Estatut y la Constitucin, como finalmente ha ocurrido.
El Consejo de Garantas considera razonable y legtimo que el derecho de los servidores pblicos a recibir proteccin de la Administracin en el ejercicio de su cargo se extienda tambin a altos cargos y cargos electos y que los acusados por el Tribunal de Cuentas se beneficien de esta mxima.
Compra el organismo el argumento esgrimido por el Gobierno cataln cuando considera que el fondo de la Generalitat puede tener multiplicidad de aplicaciones y no nicamente ir dirigido a los encausados por promocionar con dinero pblico la causa independentista en el extranjero. Sin ninguna especificacin personal o temporal, incluye en su mbito de aplicacin a personas que tengan o hayan tenido la condicin de personal de la Generalitat o miembros del Govern por actuaciones en el ejercicio de su cargo que puedan requerir la proteccin del fondo para hacer frente a obligaciones de responsabilidad civil, patrimonial o contable, aduce en el dictamen.
Al espaldarazo de un rgano reiteradamente desodo por el secesionismo durante el procs para continuar adelante con su proyecto rupturista, se agarrar el Govern presidido por Pere Aragons para cristalizar en sede parlamentaria una treta que, en paralelo, est siendo investigada por Fiscala, despus de una denuncia presentada por Ciudadanos.
El lder de la formacin constitucionalista en Catalua, Carlos Carrizosa, ha anunciado en este sentido que apurarn la va judicial con la conviccin de que concluir que el mecanismo ideado por la Generalitat es prevaricador, malversador y en suma delictivo. Un atraco es un delito y lo deben decir los tribunales, ha zanjado Carrizosa, quien ha subrayado que ninguna entidad financiera privada quiere cubrir el fondo de la Generalitat.
Es un mecanismo para restablecer el espacio de liberad, para hacer poltica en Catalua sin el miedo y la angustia vividos en los ltimos tiempos, ha defendido el consejero de Economa, Jaume Gir, escudndose en la acreditada constitucionalidad de su plan.
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