Bruselas carga de nuevo contra el bloqueo en la renovacin del CGPJ y lamenta la « vulnerabilidad por la politizacin »
La Comisin Europea publica su segundo Informe sobre el Estado de Derecho y lamenta los pocos avances de Espaa en los temas ms preocupantes en el ltimo ao
El bloqueo en la renovacin del CGPJ. Los vnculos entre la Fiscala General y el Gobierno. La falta de medios y de magistrados. La sensacin de politizacin. Que la Justicia espaola tiene problemas graves no es ningn misterio, y que en Bruselas estn perfectamente al tanto, tampoco. La situacin de nuestro pas no es la peor y no hay entre sus socios o las instituciones una preocupacin acentuada, pero en los ltimos 10 meses la situacin, lejos de mejorar, se ha estancado o incluso empeorado. Es la leccin que se extrae del Segundo Informe sobre el Estado de Derecho publicado este martes por la Comisin Europea y que repasa, uno por uno, a todos los socios comunitarios.
« El sistema de Justicia espaol sigue enfrentndose a algunos desafos. En particular, la falta de renovacin del Consejo General del Poder Judicial, que persiste ante la falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar varios rganos constitucionales », dice el documento, repitiendo casi palabra por palabra el lenguaje del pasado mes de septiembre. Hay, sin embargo, una novedad: « un acontecimiento positivo ha sido la retirada de una propuesta de reforma del sistema para la seleccin de sus jueces-miembros, lo que habra aumentado la percepcin del Consejo como vulnerable a la politizacin. En este contexto, se hizo un llamado a establecer un sistema de eleccin de los miembros del Consejo por sus pares de acuerdo con los estndares europeas. Es importante que se tengan en cuenta los estndares europeos y que se consulte a todas las partes interesadas pertinentes », dice el informe.
Ledo as puede parecer asptico, como si todo ocurriera sin contexto, pero la llamada a escuchar a todas las partes, a seguir las recomendaciones de organismos y cuerpos europeos (de la UE o no, como la Comisin de Venecia) y sobre todo, la presin clarsima para la retirada de esa propuesta legislativa para reformar el CGPJ vienen precisamente de Bruselas, de la Comisin, que dej claro al Gobierno de Pedro Snchez en reiteradas ocasiones que su propuesta no era aceptable y que no iban a mirar para otro lado. Hubo emails, conversaciones informales, reuniones a nivel ministerial, recados de la presidenta Ursula von der Leyen a Pedro Snchez. Una campaa clara que dio frutos. Ante la posibilidad un procedimiento de infraccin, y de las comparaciones insoportables con lo que est pasando en Hungra o Polonia, Moncloa dio marcha atrs. « El CGOJ est ejerciendo sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018, lo que agrava la preocupacin de que pueda ser percibido como vulnerable a la politizacin », lamenta Bruselas una vez ms.
El nivel de independencia judicial es percibido en Espaa como muy bajo tanto entre el pblico en general como entre las empresas. « En general, el 38% de la poblacin en general y el 39% de las empresas perciben que el nivel de independencia de los tribunales y jueces es « bastante o muy bueno » en 2021. Ambas cifras han disminuido con respecto a 2020 (44% para el pblico en general y 42% para las empresas), pero han aumentado con respecto a 2016 (30% para el pblico en general y 33%), sin mostrar una tendencia clara durante los ltimos cinco aos », recuerda el anlisis.
El informe, que llega en un momento delicadsimo en Espaa, con un choque abierto entre Ejecutivo y la judicatura tras la decisin del Constitucional de la semana pasada sobre la no validez del estado de alarma para decisiones como el confinamiento total, hace referencias explcitas tambin a los aforamientos y las « competencias del Tribunal Supremo para perseguir responsabilidad penal de los cargos de alto nivel », as como al « rgimen de incompatibilidades de jueces y fiscales ». « Se han reiterado preocupaciones en relacin con la autonoma de la fiscala respecto del Gobierno », se lee tambin.
Tampoco una novedad. El nombramiento, y en especial despus de que Snchez diera el puesto a su ex ministra Dolores Delgado, no gusta en Bruselas. Es una cuestin de conjunto ms que de detalles, porque al igual que en el caso del rgano de control de los magistrados, hay pases, grandes o pequeos, con prcticas iguales o similares. Pero que pase en ms sitios no quiere decir que est bien visto. Y menos cuando las encuestas, nacionales y europeas, indican que en nuestro pas hay una desconfianza muy importante sobre el poder judicial y la separacin de poderes en general y hay, en la ltima dcada, tantos casos de corrupcin y de un perfil tan alto y marcado.
Tras decenas de entrevistas y consultas, la Comisin Europea estima que si bien « las medidas anticorrupcin siguen una lnea de accin estratgica », no existe en Espaa una « estrategia anticorrupcin especfica que oriente las medidas preventivas y represivas para combatir la corrupcin de manera integral. En lo que respecta a la represin de la corrupcin, est tipificada como delito en el Cdigo Penal y existen varias instituciones especializadas », pero las autoridades fiscales « sealan que la falta de recursos adecuados afecta la velocidad de la investigacin y el enjuiciamiento de los casos de corrupcin, incluidos los casos de corrupcin de alto nivel (…) . La insuficiencia de recursos sigue siendo un obstculo para manejar con eficacia los casos de corrupcin de alto nivel, muchos de los cuales estn pendientes en la fase de investigacin desde hace varios aos », denuncia el papel.
Lo mismo ocurre con la Ley Mordaza, criticada desde hace aos por quienes ahora tienen el poder. « En Francia y Espaa, existe preocupacin por el impacto de la legislacin de seguridad pblica en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en relacin con la libertad de expresin e informacin y el derecho de protesta », se recoge.
Por el lado positivo, los tcnicos comunitarios apuntan algunas mejoras en los ltimos meses. « Se han adoptado o se prevn diversas medidas para mejorar la calidad de la Justicia, como las revisiones del sistema de asistencia letrada y del Cdigo Penal, as como tres proyectos de ley sobre eficiencia procesal, organizativa y digital ». Bruselas aplaude el compromiso de Espaa por la digitalizacin, para la que tiene previsto dedicar partidas importantes de los fondos europeos recin aprobados. « La digitalizacin de la justicia avanza. Se han realizado esfuerzos para abordar retrasos, como la creacin de nuevos tribunales, pero el bajo nmero de jueces por habitante es un desafo. El desarrollo de una herramienta para intentar trascribir las vistas y juicios es aplaudido.
Tambin hay mejoras respecto a la lucha contra la corrupcin, pese a la falta de medios mencionada. « En cuanto a la prevencin de la corrupcin, Espaa contina mejorando su marco de integridad y se ha comprometido a desarrollar legislacin en reas clave como la transparencia de los lobbies, un Cdigo de tica para los funcionarios y la proteccin de los denunciantes », destaca el texto.
Conforme a los criterios de
